Julieta compartió una despedida en las redes sociales y recibió numerosos mensajes de apoyo."Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, dijo.Mientras tanto, colegas y compañeros de TN también expresaron su dolor por la inesperada partida del histórico meteorólogo de 58 años.

La nueva portavoz, cuestionada por su corto debut ante la prensa y su currículum, enfrenta dudas sobre su futuro en el cargo. Zacharia, respaldada por Trump, defiende su rol pese a críticas y confusiones sobre su título profesional.

“Milei, cumplí la ley”. La frase dominó ayer las pancartas de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de docentes, estudiantes y rectores frente al Congreso para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, el Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal de septiembre, y en su comunicado oficial dedicó un párrafo a las universidades.Según el informe, las transferencias a las casas de estudio crecieron 42,4% interanual, un aumento que “refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025”. Descontada la inflación, que fue de 33,4% en los últimos 12 meses, según el Indec, la suba real fue de 6,7%. En septiembre, el Tesoro giró $538.772 millones a las universidades y en los primeros nueve meses del año alcanzó los $4,1 billones.La discusión llega en un momento en que el equilibrio de las cuentas públicas sigue siendo el ancla del programa económico y la base de la estabilidad, porque permitió terminar con la emisión monetaria y bajar la inflación, aunque de manera costosa. En septiembre, el Estado registró un superávit primario —es decir, antes del pago de la deuda— de $1,43 billones. Una vez descontados los intereses, por $450.467 millones, el resultado financiero fue positivo en $977.173 millones, un 137% más que un año atrás en términos reales.En los primeros nueve meses del año, el fisco acumuló un superávit primario de $13,7 billones, equivalente a 1,2% del PBI, y uno financiero de $3,3 billones, cerca de 0,3% del producto. Ese acumulado incluye $1,04 billones por la venta de acciones de las centrales hidroeléctricas, un ingreso de única vez que equivale a casi un tercio del superávit financiero del período.“Este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2,8 billones”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.Sostener ese resultado, sin embargo, exige cada vez más esfuerzo del lado del gasto. En los últimos meses, los ingresos del Estado no lograron mejorar y perdieron contra la inflación, lo que obligó al fisco a ajustar más las erogaciones. En septiembre hubo un leve repunte. Los ingresos totales sumaron $15,9 billones y crecieron 36,5% interanual, lo que implica una suba real de 2,3%. Los recursos tributarios avanzaron 37,2%, 2,8% por encima de la inflación. El gasto primario, en tanto, llegó a $14,5 billones, con un alza nominal de 32,2% y una caída real de 0,9%.Dónde se ajustóEl mayor recorte se dio en las transferencias corrientes, que subieron 17,1% nominal y cayeron 12,2% real, pese al aumento de las partidas universitarias. Las provincias, en cambio, fueron una excepción. En septiembre recibieron $312.949 millones en transferencias corrientes, un 65,6% más que un año atrás, lo que implica una suba real de 24,2%. Si se suman las transferencias de capital, los envíos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires llegaron a $361.486 millones, con un aumento real de 28%.Las prestaciones sociales —que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones— son la principal partida del presupuesto. En septiembre sumaron $9,1 billones, el 63% del gasto primario, con una suba de 29% interanual, lo que significa una caída real de 3,3%. Dentro de ese rubro, las prestaciones de la seguridad social, donde están las jubilaciones y pensiones, demandaron $6,6 billones.Los subsidios económicos llegaron a $1,26 billones, con un alza de 29,8%, 2,7% por debajo de la inflación. Detrás de ese promedio, sin embargo, hay comportamientos opuestos. Los subsidios energéticos crecieron 44,1%, es decir, 8% en términos reales, porque el Gobierno decidió amortiguar el impacto en los usuarios residenciales del salto en el precio del gas por los conflictos en Medio Oriente.El gasto de funcionamiento del Estado también se contrajo. Las remuneraciones de los empleados públicos sumaron $1,67 billones, con un aumento de 32,1%, 1% por debajo de la inflación. Entre salarios y compra de bienes y servicios, el funcionamiento de la administración demandó $2,4 billones en el mes. El gasto de capital, por su parte, fue de $561.025 millones, con una caída real de 13%, y se concentró en Defensa y en la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.Hacia adelante, el proyecto de Presupuesto 2027 estima que este año cerrará con un superávit primario de 1,3% del PBI y que esa pauta se replicará el año próximo. La meta queda por debajo de lo que pedía el FMI, que en su último staff report había diagramado para 2027 un superávit de entre 1,4% y 1,8% del PBI. Con ingresos que no logran despegar, alcanzar incluso la pauta oficial dependerá de que el gasto siga cayendo en términos reales, en un escenario en el que los reclamos por más fondos, como el de las universidades, se hacen cada vez más visibles.

Un día después de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo nacional logró frenar una sesión especial gracias a los gobernadores aliados, varios mandatarios se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con nuevos pedidos de obras de infraestructura. Los más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la necesidad de “acuerdos federales” y “una visión federal”.El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia.Las medidas incluyen un exhorto a Suiza para que la FIFA explique por qué le giró casi 190.000 dólares, un pedido a la AFA para que informe quién autorizó las tarjetas de crédito a su nombre y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil de su exesposa, Paola Moyano, hija del dirigente camionero Hugo Moyano.Flybondi no le pagó a nadie; como quien dice, “dejó el tendal”. Les debe a prácticamente todos los proveedores que se cruzaron en su camino, desde la ferretería, el fabricante de barritas de cereales, la limpieza o el control de plagas de oficinas hasta los dueños de los aviones o los talleres donde los mantenían. La lista es enorme y llega a 780 acreedores, entre los que figuran gigantes como YPF, Google y Mercado Libre; empresas multinacionales como Fedex o Sabre. Hay facturas impagas de Aeropuertos Argentina, Telecom, de Swiss Medical, del Hotel Presidente y hasta de la Cooperativa de Servicios de Taxis del Aeropuerto de Ezeiza.En plena caída, con la flota reducida a menos de cuatro aviones operativos, Flybondi mantuvo su compromiso con la AFA de Claudio Tapia. La nómina de acreedores incluye a Grupo Terruño, una firma mendocina, con una deuda de $255,3 millones por el patrocinio de la Copa Argentina 2026. Según la documentación, la aerolínea se comprometió a pagar $47,19 millones por mes en un plan de diez cuotas como “Main Sponsor” del torneo. Ninguna se pagó y pareciera que a la quinta se rescindió el contrato.El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el foco en los subsidios a la energía y les pidió a los gobiernos de América Latina preservar los avances en su reducción. En su último informe de Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, el organismo destacó a la Argentina entre los países que lograron progresos en el recorte de estas ayudas y advirtió que las medidas generalizadas para amortiguar el impacto de los precios internacionales pueden generar distorsiones económicas.El planteo tiene implicancias directas para el Gobierno de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión avanzó con aumentos de tarifas para reducir el gasto público y trasladar una mayor proporción del costo de los servicios a los usuarios.El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos- tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a LA NACION el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.El Gobierno calificó los incidentes ocurridos este jueves durante la 5° Marcha Federal Universitaria como un ataque a la democracia, tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, en los que se registraron empujones, piedrazos y daños al espacio público en la zona del Congreso.Fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien apuntó a “grupos de tarea” por la violencia y defendió el accionar de la administración de Javier Milei respecto al presupuesto para universidades, un foco de tensión con la educación pública, que reclama fondos en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.Adelantar la discusión electoral cuando falta más de un año puede no ser la mejor estrategia. Menos para el Gobierno, que depende de que la maquinaria económica funcione lo más aceitada posible para llegar a los comicios mejor posicionado. El sector privado ya hace semanas que, ante la duda, puso el freno de mano: la prudencia se ha vuelto la norma. La perspectiva de enfrentar en 2027 una elección polarizada entre dos modelos completamente opuestos, como podrían ser el de Javier Milei y el de Axel Kicillof, tiene a muchos desconcertados. Y es que ni la economía está tan mal como muchos en la oposición pueden fogonear, ni tampoco tan bien como para augurar un resultado cantado en 2027. Nada peor que la falta de certezas: todos los escenarios están abiertos.Tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo buscaron en las últimas horas aplacar los temores de empresarios e inversores internacionales, que no terminan de comprender el histórico péndulo político de la Argentina.El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitud frente al Congreso. Pero, a diferencia de las oportunidades anteriores, terminó con incidentes.En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades -que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo- a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.La situación se descontroló cuando todavía no había terminado el acto central, donde confluían alumnos, docentes, sindicatos y organizaciones. En tándem, cerca de la valla que protegía el Congreso, personas con el rostro tapado y mochilas rompían bancos y tiraban piedras.Leé la nota completa acá.El oficialismo nacional finalmente contó con la ayuda de varios gobernadores para blindar el DNU 70/2023, aunque algunos nombres cambiaron sobre la hora. Las ausencias de legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fueron cruciales.Más sorpresivas fueron las ausencias de dos diputados de Unión por la Patria que responden al fueguino Gustavo Melella, quien se acercó a la Casa Rosada a raíz del proyecto por Malvinas, y al santiagueño Elías Suárez. Se trata de Agustín Tita y Estela Neder. En el caso de Córdoba, no estuvo Alejandra Torres.Leé la nota completa acá.Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El auxilio de los gobernadores del norte y centro, con influencia directa sobre las bancadas provinciales, fue clave para el Gobierno, que obtuvo tras esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso destacaron los tres legisladores de Independencia alineados con Osvaldo Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.Leé la nota completa acá.El 15-O se presentaba como un desafío significativo para el Gobierno, pero, al final, con mucho esfuerzo, varias concesiones de último momento y algunos aportes exógenos clave, se llevó dos imágenes triunfales. Adentro y afuera del Congreso.Bajo la superficie, no obstante, quedan abiertas demandas insatisfechas, logros costosos para el oficialismo y varios interrogantes sin respuestas. Pero eso quedará para más adelante y es parte del tacticismo extremo al que ha apelado últimamente la Casa Rosada para sortear complicaciones. Por eso, este miércoles funcionarios y propagandistas libertarios festejaron en las redes sociales y medios de comunicación lo sucedido.En el recinto de la Cámara de Diputados, la oposición, debilitada por gobernadores amigables con el Gobierno, que hicieron ausentar a los legisladores que les responden, se quedó con el sabor amargo de una derrota, previsible, pero que hasta último momento se ilusionó con revertir. El Gobierno había dispuesto de varios recursos para neutralizar el embate.Fuertes incidentes se registraron este jueves entre manifestantes y la policía durante la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.Pasadas las 16, mientras algunos manifestantes rompían bancos y tiraban piedras, la policía arrojaba agua de sus camiones hidrantes y gases lacrimógenos. En total, se reportaron diez heridos y al menos 31 detenidos, incluido dos menores de edad.Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron que se encuentran trabajando en una denuncia penal contra los involucrados en los disturbios por resistencia y atentado a la autoridad, al orden constitucional y daño agravado.Leé la nota completa acá.

El Palacio de Hacienda anunció que en el noveno mes del año obtuvo un saldo financiero positivo de $977.173 millones después del pago de los intereses de la deuda.

Los títulos soberanos acumulan largas semanas de debilidad ante las dudas de los inversores. El riesgo país aumentó 50% en los últimos tres meses.

Sea Lion es al mismo tiempo la amenaza más grande que enfrenta Argentina como consecuencia de la ocupación ilegal de las Malvinas y la mayor oportunidad en décadas para conseguir un avance tangible en la disputa. Si empieza a bombear petróleo, Reino Unido habrá extraído por primera vez un recurso no renovable del lecho marino argentino. Pero si el Gobierno logra frenarlo, habrá demostrado hasta qué punto esa ocupación tiene límites económicos, jurídicos y diplomáticos.La oportunidad aparece en un momento excepcional. Vaca Muerta le permite condicionar a las grandes compañías de servicios petroleros, que tienen mucho más para perder en Argentina que para ganar en Sea Lion. El alineamiento con Estados Unidos y el enfriamiento de Washington con Londres agregan peso diplomático. Y ahora se sumó una jugada jurídica inteligente: llevar la controversia al sistema de la Convención del Mar. No para pedir que un tribunal imparcial resuelva la cuestión de la soberanía, sino para que responda algo mucho más concreto: si se puede avanzar unilateralmente con la explotación de petróleo en una zona disputada.Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, en plena plataforma continental argentina. El yacimiento fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration, una petrolera británica relativamente chica, que se alió con la israelí Navitas Petroleum, que hoy controla el 65% del proyecto. La primera etapa prevé recuperar 170 millones de barriles y alcanzar unos 50.000 diarios. Los 11 primeros pozos deberían empezar a perforarse a comienzos de 2027 y la extracción comercial está proyectada para marzo de 2028. A menos que la ofensiva argentina dé resultado.El árbitroLa estrategia argentina combina presión económica y acción internacional. Desde septiembre el Gobierno endureció sanciones y activó la legislación que prohíbe participar en actividades hidrocarburíferas no autorizadas, apuntando contra las compañías que brindan servicios necesarios para el proyecto. Está funcionando: el 5 de octubre Navitas admitió que perdió dos contratistas y Rockhopper perdió 38% de su valor bursátil desde el comienzo de la campaña de presión.El 28 de septiembre Argentina inició un arbitraje contra Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para impedir la explotación mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá el fondo. El Tribunal del Mar no va a decidir a quién pertenecen las Malvinas. Argentina intenta que determine si corresponde frenar actividades que pueden provocar un daño irreversible antes de que otro tribunal resuelva la controversia marítima. El argumento central es simple: el petróleo, una vez extraído, no puede ser devuelto. A eso suma sus derechos sobre la plataforma continental, las obligaciones de protección del medio marino y la Resolución 31/49 de la ONU, que pide evitar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa. Hay antecedentes que justifican el optimismo. En el caso Ghana-Costa de Marfil, el Tribunal prohibió en 2015 nuevas perforaciones en una zona petrolera disputada aunque permitió continuar trabajos ya iniciados. La diferencia puede favorecer ahora a Argentina: Ghana ya había perforado los pozos necesarios; Sea Lion todavía no empezó los 11 productivos. Una prohibición de nuevas perforaciones podría golpear directamente el cronograma hacia 2028. Chagos ofrece otro antecedente útil. Un tribunal arbitral concluyó en 2015 que no podía resolver la soberanía sobre el archipiélago, pero igualmente falló contra Reino Unido por medidas unilaterales que vulneraban derechos de Mauricio. Londres sostendrá que para decidir quién tiene derechos sobre el petróleo habría que resolver primero la soberanía territorial, algo que excede la competencia de estos tribunales. También alegará que no hay urgencia porque la producción comenzaría recién en 2028. Contraataque británicoReino Unido decidió participar del proceso y anunció que cumplirá cualquier medida provisional jurídicamente vinculante. Su defensa será que Sea Lion fue autorizado por las autoridades de las islas, que considera competentes, y que la Convención del Mar no puede utilizarse para resolver una controversia territorial. También invocará la autodeterminación de los isleños, con la farsa del referéndum de 2013 como prueba. Al mismo tiempo, Londres intenta blindar económicamente el proyecto. El Gobierno anunció que ampliará su legislación contra sanciones extraterritoriales para impedir que empresas bajo jurisdicción británica cumplan determinadas medidas argentinas y permitir reclamos por daños. La limitación es evidente: esa protección sirve poco frente a multinacionales con negocios mucho mayores en Vaca Muerta. Una ley británica no puede garantizarles contratos en Argentina. También hubo reuniones con proveedores, contactos diplomáticos con países del G7 y G20 y respaldo político a nuevas perforaciones. Pero los inversores no parecen muy convencidos. La acción de Rockhopper, que había recuperado 4% tras los anuncios, cayó otro 4% al día siguiente. En paralelo, Londres exhibió músculo militar con ejercicios en el archipiélago que ya estaban programados, pero que fueron presentados por los medios británicos como simulacros para recuperar las islas en caso de un ataque argentino. Y el Ministerio de Defensa adelantó con una anticipación llamativa los actos por los 45 años de la guerra.La respuesta revela una contradicción evidente. Reino Unido pretende presentarse como defensor del derecho internacional mientras sostiene una colonia cuya soberanía es objeto de una disputa reconocida por Naciones Unidas, pero se niega a cualquier negociación. Y lo hace después de haber aceptado desprenderse de Chagos, en medio de un debate interno sobre qué significa hoy conservar restos de un imperio desaparecido.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en septiembre un superávit primario de $ 1,42 billones y un superávit financiero de $ 977.173 millones. “En relación con septiembre del año pasado, el superávit financiero se incrementó 215,6%”, remarcó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X.Así, en lo que va de 2026, acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PBI.El titular del Palacio de Hacienda remarcó que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $ 450.467 millones.“Este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $ 2,8 billones”, señaló.EN SEPTIEMBRE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $977.173 MILLONES✅ El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre. En relación con septiembre del año…— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 16, 2026Cabe recordar que el Gobierno estableció en el Presupuesto 2027 que alcanzará un superávit primario de 1,3% del PBI en 2026, por debajo del 1,4% del PBI que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 1,5% del PBI que se proyectó el año pasado.Según estimaciones de la consultora Analytica, un resultado primario de 1,3% del PBI “equivale a unos $ 15,5 billones acumulados al cierre de 2026, por debajo de la meta fiscal acordada con el FMI, de $ 16,3 billones”.Si se concreta este escenario, sería la segunda vez que el Ejecutivo incumpliría sus compromisos fiscales, tal como sucedió con la meta de junio, por unos $570.000 millones.Aun así, Kristalina Georgieva, titular del FMI, elogió esta semana la disciplina fiscal de la Argentina, resaltó que un país “no puede gastar indefinidamente dinero que no tiene” y señaló que el orden de las cuentas públicas es “la condición necesaria para lograr crecimiento”.IngresosLos ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron en septiembre los $ 15,8 billones, un incremento del 36,5% interanual.En cuanto a los recursos tributarios, el Ministerio de Economía informó que “los mismos presentaron un crecimiento de 37,2% interanual, marcando una nueva mejora en términos reales”.GastosPor su parte, los gastos primarios del Sector Público Nacional totalizaron $ 14,4 billones, con un aumento del 32,2% interanual.“En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025″, subrayó Caputo.Las prestaciones sociales ascendieron a $ 9,1 billones, incrementándose un 29,2% interanual. En cambio, los subsidios económicos sumaron $ 1,25 billones, un incremento del 29,8% interanual.En este último aspecto, “el mayor impacto se registró en los energéticos (44,1% interanual) por la decisión de moderar el impacto en los usuarios residenciales del shock en precios del gas” a raíz del conflicto en Medio Oriente.Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $ 1,66 billones, con un aumento del 32,1% interanual. En tanto, las transferencias corrientes sumaron $ 4,38 billones (+17,1% interanual). “Las correspondientes a universidades registraron un incremento interanual de 42,4% que refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025”, explicó Economía.En cuanto al gasto de capital, se ubicó en $ 561.025 millones, una suba del 16,5% interanual, destacándose “los gastos en el área de Defensa y los correspondientes a la reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Condor Cliff”.Noticia en desarrollo...

El especialista integraba Artear desde 1995 y desarrolló una extensa trayectoria en TN y El Trece. Compartió su vida con Paula Franco, con quien tuvo tres hijas, y había reconocido públicamente el apoyo que recibió de ella durante su formación. Leer más

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